El ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) desmintió que la extinta Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento “UNA EP” se entregue, en comodato a la Confederación Nacional de Comunas del Ecuador, conforme asegura esta organización en un boletín de prensa.
En ese boletín se afirma que “la entrega la realizará el ministerio de Agricultura y Ganadería el miércoles 29 de diciembre en el cantón Daule, provincia del Guayas”. Además se menciona que en la firma “participarán el titular del MAG, Pedro Álava y el presidente de la CONFENACCON, Efrén Reyes Cusme”.
En mayo del año anterior, el ex presidente Lenin Moreno, a través de un decreto ejecutivo dispuso la liquidación de varias empresas públicas, entre ellas la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), misma que cuenta con una amplia infraestructura.
La UNA EP, fue concebida originalmente, como una sociedad de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión.
Tenía a su cargo el desarrollo y fortalecimiento de los servicios de almacenamiento y comercialización de productos agropecuarios; administración de la reserva estratégica de los mismos; comercialización y distribución de insumos; desarrollo, implementación y mejoramiento de las actividades de adquisición, almacenamiento, conservación y comercialización de productos agropecuarios, equipos, maquinarias e insumos en el mercado interno y externo.
AGROECUADOR TV
El destino de la UNA corrió con la misma suerte que otras EP, gracias a la ineficiencia del Estado. Está empresa tenía una doble función social, por una parte ser un centro de acopio y regulador del mercado en favor de los pequeños agricultores, y por otra parte garantizar la seguridad alimentaria del Ecuador. Ahora nada de nada, todo por la enorme burocratización. Así es, o fueron, en todas las EP, que se gozaba de grandes sueldos para una estructura institucional jerárquicamente organizada en gerencia general, varias gerencias para otros procesos, direcciones, jefaturas y … etc.
Así no hay forma de hacer sostenible una empresa, menos aún eficiente. Quizá el estado debería retomar el tema pero con una reforma a la Ley de EP, proponiendo estructuras administrativas más planas y menos costosas que cumplan con la misión y objetivos propuestos. En definitiva, no hay porque feriar los activos del estado, sino buscar el camino a la eficiencia y alcanzar buenos resultados.